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Según la CIDH, el 80% de las mujeres trans latinoamericanas mueren antes de los 35 años

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha unido a la comunidad internacional en el Día Internacional de la Memoria Trans para instar a los Estados a aumentar la protección de los transexuales de América Latina. Quieren que tomen medidas concretas que permitan reducir la vulnerabilidad de este colectivo a la violencia y evitar la impunidad en los crímenes cometidos a transexuales.

La esperanza de vida de los transexuales se ha convertido en una de las principales alarmas de las organizaciones internacionales. El ‘Registro de Violencia’ elaborado por la Comisión ha destacado que el 80% de las mujeres trans latinoamericanas mueren a los 35 años o menos.

Esta cifra evidencia, según la Organización de los Estados Americanos (OEA), el alto número de estas mujeres que mueren asesinadas. En el caso de los hombres trans, las estadísticas destacan que la mayor parte de la violencia contra este colectivo se produce en el entorno familiar.

Sin embargo, los países miembros de la OEA no cuentan con un sistema que permita recolectar datos que tenga en cuenta la identidad de género en la elaboración de estadísticas. Muchas veces, esta identidad de género se confunde con la orientación sexual.

Unas estadísticas más precisas, según señala la Organización de los Estados Americanos , permitirían destacar tendencias, así como señalar qué sectores sufren en mayor medida la violencia y la violación de los derechos humanos.

Exclusión y discriminación

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha revelado también la importante relación que existe entre la exclusión, la discriminación y la corta expectativa de vida de las personas trans, que según el estudio, sufren abusos desde muy temprana edad.

Generalmente, tienen una tendencia mayor a ser expulsados de los colegios, hogares y comunidades, como consecuencia de expresar sus identidades de género. Como resultado, se deben enfrentar a la pobreza, la excusión social y a los problemas de acceso a la vivienda y a la educación.

Esto provoca que algunas mujeres trans se vean forzadas al trabajo sexual y a ser perfiladas por la policía como “peligrosas”, cuestión que les somete también al abuso policial y a la criminalización.

Este sistema de exclusión dificulta el acceso a un sistema de salud y a transformaciones corporales de calidad y supervisadas por profesionales.

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